"Se ordena el retiro y reemplazo" de los implantes PIP "en aquellos casos en los que se haya iniciado el proceso de filtración de la prótesis, de modo que conforme a diagnóstico médico se determine que no se pueda esperar, para su extracción, la sentencia definitiva", señala un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La empresa Galaxia Médica, los cirujanos y las clínicas privadas "que intervinieron en la mamoplastia" deberán costear el nuevo procedimiento quirúrgico, agrega el documento procedente de la Sala Constitucional.
Admitiendo una demanda de la Defensoría del Pueblo, el máximo tribunal ordenó también a los cirujanos plásticos y las clínicas privadas a realizar chequeos médicos gratuitos a las pacientes portadoras de implantes PIP.
Desde enero, más de 500 venezolanas se han sumado a una demanda contra los vendedores locales de las PIP para exigirles que asuman los costos de la extracción de los implantes y la colocación de otros nuevos de buena calidad. Sin embargo, este recurso fue desestimado por un tribunal de Caracas y se encuentra en proceso de apelación.
Además, otro grupo de venezolanas -junto a otras mujeres latinoamericanas- se sumaron en enero a una demanda por homicidio y lesiones involuntarias contra PIP, llevada en Francia por el abogado Ari Alimi.
Tras el escándalo mundial que estalló en diciembre por los potenciales efectos cancerígenos de los PIP, el gobierno venezolano anunció que retirará los implantes sin costo a las mujeres que lo soliciten.
Según datos oficiales, unas 33.000 mujeres son portadoras de los implantes en Venezuela, donde se realizan unas 40.000 mamoplastias de aumento al año.
La empresa Poly Implant Prothese (PIP), que en 2010 quebró ante reiteradas denuncias de rupturas de sus prótesis, producía 100.000 implantes al año y exportaba casi el 84% de su producción, sobre todo a Sudamérica, España y Gran Bretaña.
Ese año, las autoridades sanitarias venezolanas prohibieron la colocación de estas prótesis.
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